Espejos y espejismos de Egipto

La última película del conocido cineasta egipcio Youssef Chahine “Heyya Fawda” derriba las puertas de la cárcel egipcia y muestra a ojos abiertos torturas, corrupción y el reflejo de una sociedad sumida en el caos. Calificada como “cine egipcio contra Egipto” por el periódico oficialista Rose el-Youssef, la película hace eco de los vientos de cambio que empezaron a sacudir al país en el 2005, cuando el gobierno reprimió violentamente varias manifestaciones, arrestando a centenares de militantes de diferentes agrupaciones y pisoteando a su principal enemigo: los derechos humanos.

La escena se abre en medio de una multitud dispersada por la policía en el 2005. Corridas, gritos, represión: Heyya Fawda (“Es el caos”). El caos que corre por las venas de una ciudad, de un país, en la que la corrupción y la impunidad son moneda corriente. Una sociedad que a salas llenas entra, mira y se va con la misma sensación de impotencia.

Hatem, jefe de policía del barrio de Shubra de El Cairo -donde teje diversas redes de corrupción- está enamorado de su joven vecina, Nour, quien lo detesta profundamente. Intenta por todos los medios conquistarla, pero ella lo rechaza continuamente. Desolado, descarga toda su ira aplicando torturas a los presos –comunes y políticos, entre ellos Hermanos Musulmanes- de la comisaría. Los torturados permanecen en una celda oculta, en la que Hatem irrumpe cada vez que ve a Nour con su novio, un juez que lo enfrenta a diario.

Impulsado por a desesperación propia de quienes creen en el poder de su intemperancia, saca a dos presos para llevar a cabo un siniestro plan: secuestrar a su vecina y violarla en un descampado al otro lado del Nilo. Avergonzada, humillada y despojada del bien más preciado para cualquier mujer egipcia –su virginidad- Nour intenta denunciar al violador. Encubierto por los altos mandos de la policía, Hatem festeja su impunidad en el despacho del juez.

La desesperación de la madre de Nour enciende al barrio, que se lanza a las calles camino a la central de policía reclamando la liberación de los presos políticos, mientras que Nour y su novio buscan en las celdas a los cómplices del secuestro. Caen las puertas, Hatem comienza una angustiosa retirada, perseguido por los oficiales de policía que, confusos, se dividen entre contener a la multitud y atrapar a su “superior”. Interceptado por los manifestantes cae, disparando primero al juez y luego a sí mismo.

Llevada a la pantalla grande, la denuncia de Youssef Chahine -sorpresivamente aprobada por los censores- es un reflejo de la realidad egipcia. El desenlace, todavía un espejismo.

El presidente Hosni Mubarak –en el poder hace 25 años- aplica una sostenida política de represión, impunidad y corrupción a niveles insólitos con el apoyo incondicional -y respondiendo intereses de- las potencias occidentales. Política que ya es sabido que tras su deceso continuará a su hijo Gamal, imitando el modelo sirio.

El presupuesto anual para la seguridad interna era 1.5 mil millones de dólares en 2006 -más que el presupuesto anual para la asistencia médica- y las fuerzas de seguridad del Estado cuentan con 1.4 millones de miembros, casi cuatro veces el número total de efectivos del ejército. El Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, dispone de amplias atribuciones en virtud del Estado de excepción que el gobierno ha mantenido prácticamente sin interrupción durante los últimos 40 años.

Estados Unidos ha subvencionado las fuerzas armadas de Egipto por un total de más de 38 mil millones de dólares. El país recibe mil millones de los 2 mil millones de dólares que anualmente destina el gobierno estadounidense al financiamiento de fuerzas de seguridad extranjeras; ocupando con ello el segundo lugar después de Israel.

Desde hace años, la praxis de las fuerzas de seguridad egipcias se basa en la Ley de Emergencia Nacional de 1958 - vigente desde 1981, renovada cada tres años por el Parlamento- y la Ley de Combate al Terrorismo de 1992. Ambas normativas desconocen los derechos humanos avalados por la Constitución Nacional dando al gobierno el poder de arrestar y detener arbitrariamente a sus ciudadanos por períodos de tiempo indeterminados. Si bien las leyes prohíben específicamente todo tipo de tortura y detallan que las autoridades deben informar inmediatamente a la persona la razón por la cual se la detiene, permitirle contactar a su familia y contar con un abogado; nada de esto sucede.

Amnistía Internacional, en su último informe de la región, denuncia que de las miles de personas que se encuentran encarceladas en Egipto muchas han sido condenadas en juicios flagrantemente injustos celebrados ante tribunales militares y de emergencia y resalta que la tortura y la reclusión prolongada sin juicio constituyen una práctica habitual en las prisiones de todo el país (AI, abril de 2007).

La Organización por los Derechos Humanos de Egipto ha registrado más de 500 casos de abuso policial desde 1993, incluyendo 167 muertes que la Organización supone resultado de las torturas y el maltrato. En la actualidad se cuentan más de 80.000 presos políticos en prisiones egipcias.

Otros informes de organizaciones internacionales de derechos humanos documentan que en el país se registran miles de arrestos arbitrarios, secuestros y desaparición de personas, como la del periodista Reda Hilal, desaparecido desde 2004.

El director de Medio Oriente y África de Human Rights Watch Joe Stork, advertía ese mismo año que “Si una reforma en Egipto tiene algún significado, significa terminar con casi cincuenta años de legislación de emergencia y con la epidemia de torturas” instando al presidente Mubarak a tomar medidas concretas y visibles para terminar con este flagelo, dar fin a las leyes de emergencia y a la impunidad de los oficiales de Seguridad del Estado responsables de las torturas, proteger y aumentar los derechos de las mujeres, permitir a las ONGs funcionar dentro del territorio, asumir y solucionar los problemas existentes respecto a la intolerancia religiosa y discriminación contra las minorías así como terminar con los arrestos masivos y persecuciones a los homosexuales (HRW, abril de 2004).

Denuncias como la precedente y reclamos de agrupaciones militantes islámicas –como los Hermanos Musulmanes- y de izquierda –como Kefaya! (“Es suficiente!”) comienzan a abrirse paso tropezando con la brutalidad de un régimen que ya no conoce limitaciones. Egipto incluso importa prisioneros de Irak, Pakistán y Afganistán, que son introducidos sin su conocimiento en el país, devenido uno de los “agujeros negros” de la CIA. La rutina diaria en las cárceles incluye descargas eléctricas, ataques con perros, violaciones y golpizas brutales.

Varios bloggers egipcios que denuncian y exponen imágenes de la violencia policial han sido ellos mismos encarcelados, violados y torturados. Tal es el caso del tristemente célebre activista Mohamed Al-Sharqawi, arrestado en una manifestación frente al sindicato de periodistas, y luego ferozmente golpeado y sodomizado por un agente de la seguridad estatal.

Al-Sharqawi se encuentra privado de su libertad desde marzo del 2006 sin proceso judicial. La pancarta que sostenían sus manos minutos antes de su detención reclamaba: ¡Quiero mis derechos!.