Una situación como esta amerita objetividad. Según se ha podido consignar, Manuel Zelaya habría incurrido en prácticas contrarias a la Constitución Política de Honduras y, además, tenía pensado realizar un referéndum para generar enmiendas constitucionales y así poder mantenerse en el poder por, como mínimo, un período presidencial más. También hay que decir que dicha consulta popular no tenía carácter vinculante, aunque existía el temor que en la práctica sí fuese así. Todo esto, además de otros serios problemas internos, son una fiel demostración de un gobierno hondureño incapaz de gobernar con cierta moderación y criterio. El hecho que el Partido Laboral (agrupación que apoyó a Zelaya en su llegada al poder) quitara su aval al mandatario de Honduras y que el Congreso calificara el accionar de Manuel Zelaya como “una manifiesta conducta irregular”, son pruebas concretas de una gestión que generaba muchas dudas.

Sin embargo, eso no es justificación para que fuerzas militares saquen del poder al presidente de Honduras y lo manden fuera del país. En pocas palabras, se trata de un golpe de estado. Sin muertes, ok, pero igual es una clara violación a la institucionalidad democrática del pueblo hondureño. Y eso es algo que no debiese permitirse, así como tampoco parece razonable que un líder político olvide el respeto a ciertos principios e intente gobernar a su antojo.

La pregunta, entonces, cae por su propio peso y tiene relación con la influencia que siguen teniendo los militares en Centroamérica y, específicamente, en Honduras, un país que ha debido vivir diversos golpes de estado en las últimas décadas. ¿Hasta cuándo se dará espacios a los golpistas?, ¿cuál será el día en el que Latinoamérica realmente luche contra este tipo de propuestas?, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos en estos lamentables sucesos?

Ciertamente, el asunto se explica por medio de diferentes variables, pero todas apuntan, finalmente, a tres grandes temas. Primero, los equivocados caminos que muchas veces toman los gobernantes; segundo, la falta de un sistema nacional y continental que impida la llegada al poder de los militares; tercer y último, la estéril existencia de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), generalmente incapaces de enfrentar a las fuerzas armadas de los diversos países de la zona. Estos tres puntos incitan a la reflexión.

Respecto a los gobiernos, da la impresión que ciertos mandatarios centroamericanos se entregan, fácilmente, a las propuestas realizadas por presidentes de otros países. Honduras y Nicaragua se han alineado con la línea política de Hugo Chávez, mientras que Costa Rica lo ha hecho con Estados Unidos, Colombia y Brasil. Panamá también se acerca más a los gobiernos brasileños y colombianos. El Salvador trabaja en forma conjunta con Brasil, al igual que Guatemala. Como se puede ver, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez son las principales influencias en la región mesoamericana y eso no es un mero accidente. El problema es que mientras la “intromisión” brasileña tiene que ver con lazos económicos, la venezolana se relaciona con hechos políticos y que se relacionan directamente con el proyecto chavista, que incluye el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Es así que Centroamérica se convierte en un tablero de ajedrez disputado por dos países sudamericanos que, bajo sus actuales mandatarios, buscan ejercer gran influencia en Latinoamérica.

En cuanto al grado de influencia que aún tienen las fuerzas militares en la realidad política centroamericana, aquello es algo en lo cual debiesen poner especial atención no sólo los gobiernos de los países del istmo, sino que también los organismos de integración involucrados en esta región. Tienen que haber más garantías constitucionales que permitan la rebelión del pueblo, pero que pongan especial énfasis en que se trata de la gente y no de las fuerzas armadas. Las personas tendrán derecho a reclamar en las calles, pero nunca con el aval de los militares. Salvo situaciones extremas en la cuales el actuar de los soldados se hace inminente (Ejemplo.- invasión de un ejército extranjero, matanzas que realizara el gobierno a sus ciudadanos, etc.) lo esperable es que los soldados y sus generales estén en los cuarteles. ¿Cómo hacer eso? No es algo de fácil resolución, pero un comienzo sería atribuirle menos propiedades a las fuerzas militares y limitarlas a lo que realmente deben realizar, es decir, velar porque la población de un país esté bien y no constituirse como una amenaza para sus vidas. No puede ser que cuando algo les parezca mal puedan tomarse el poder por la fuerza. Aquello debería estar potentemente y claramente establecido en la Constitución Política de todo país y, además, debiese ser incluido dentro de los paradigmas de toda base institucional de los diversos bloques de integración de la región.

Este último punto lleva al tema de los organismos regionales como la OEA, la ALADI y el SICA. Al respecto, cabe preguntarse hasta qué punto son útiles estas agrupaciones si en la práctica no tienen posibilidades reales de imponer sus términos por sobre dictadores, líderes golpistas o revolucionarios sin razón de ser. En la medida que estos organismos no tengan las capacidades, ni las opciones de ponerle un freno a movimientos que sean una amenaza para el correcto andar democrático de la región, entonces parece lógico cuestionar su validez y la real importancia de su existencia. Hay que buscar una vía alternativa. ¿Un Ejército latinoamericano? No parece lo más lógico, pues la violencia no debería ser repelida con la misma metodología, pero hay que reconocer que la medida no es tan descabellada. El problema es que este tipo de fuerzas multinacionales traerían consigo la posibilidad de más enfrentamientos, violencia e inestabilidad. Todo parece indicar que la solución pasa por generar una serie de recursos legales que permitan dejar sin validez todo tipo de accionar militar o de fuerzas de otra índole cuyo fin sea violar los procesos democráticos de la región.

Pero más allá de esta realidad lo relevante, en este caso particular, es dejar en claro que lo ocurrido, entendido como un proceso que incluye a Manuel Zelaya y los golpistas, es un hecho que podría tener nefastas consecuencias en los procesos de integración en los cuales está inmerso Honduras. Es por ello que, dejando a un lado el tema de los responsables, de las víctimas o de las influencias externas, lo relevante es dejar en claro que aparte de las grandes turbulencias que esta situación provoca en la sociedad y la política hondureña, este lamentable suceso generará, no cabe dudas, sendas dificultades en los procesos de integración del SICA, ya sea con la Unión Europea, Sudamérica, la Comunidad del Caribe (Caricom) y, por supuesto, entre los países centroamericanos.

A priori, y tomando en cuenta las reacciones de los diversos gobiernos latinoamericanos, se podría establecer que la mayoría de los países apoya una resolución pacífica del conflicto y, quizás lo más importante, con la vuelta de Manuel Zelaya al poder. Esto es algo muy importante, pues permite dar cuenta que la región quiere que se respeten los procesos democráticos. En este sentido, y más allá del tipo de gobierno y los paradigmas políticos del actual mandatario hondureño, no queda dudas que Latinoamérica apuesta por mantener las directrices de un continente tolerante y basado en el respeto a la institucionalidad democrática.

En este sentido, hay que decir que los posibles problemas que puedan tener los procesos de integración no tienen directa relación con Manuel Zelaya y su gobierno, sino que con la irrupción de fuerzas militares, que han roto la frágil estabilidad política y social de Honduras. Ahora, tampoco se puede olvidar que esto no es gratuito y ciertas medidas arbitrarias de Zelaya han propiciado esto. No se puede destituir a un alto mando del Ejército por un mero capricho, asi como tampoco parece muy democrático intentar cambiar las bases constitucionales para acceder a un segundo mandato. Que otros gobiernos latinoamericanos (Ejemplos.- Colombia, Ecuador, Peú y Venezuela) lo hayan hecho en el pasado no significa que ese sea el camino correcto. Perpetuarse en el poder nunca ha sido bueno, pues atenta contra la natural rotativa política y democrática.

A grandes rasgos, los procesos de integración que actualmente tiene Centroamérica (o el SICA) con la Unión Europea, Sudamérica y el Caricom van relativamente bien encaminados, aunque siempre con una base bastante feble y, peor aún, con ciertos hechos del último tiempo que han jugando en contra de una verdadera integración.

En abril pasado, la VII ronda de negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea se suspendió luego que Nicaragua reclamara por el trato recibido por parte de los gobiernos europeos, alegando que no se habían tomado las medidas necesarias para eliminar realmente las asimetrías existentes entre uno y otro bloque. Aquello no sólo supuso momento de quiebre entre la UE y Centroamérica, sino que también al interior de los estados centroamericanos. Por ejemplo, Costa Rica no dudó en rechazar la postura nicaragüense, mientras que Honduras apoyó lo realizado por el gobierno hondureño. Para las próximas semanas está prevista una nueva ronda de negociaciones, pero quedan serias dudas respecto a qué hara la Unión Europea respecto a este proceso, que lleva buen tiempo y aún no se consolida. En caso que Manuel Zelaya no retorne al poder, las perspectivas serán negativas. Por eso, no sería de extrañar, bajo este contexto, que quizás la UE opte por seguir el mismo camino que tomó en Sudamérica, es decir, negociar directamente con los países.

Respecto a Sudamérica, los gobiernos mesoamericanos y sudamericanos han iniciado, desde hace unos años, evidentes intentos por mejorar los lazos y estrecharlos. Con una historia similar, en ciertos aspectos, ambas regiones tienen mucho por entregarse mutuamente. El SICA ha sido un gran ejemplo de funcionamiento y no quedan dudas que su puesta en marcha ha sido mucho mejor que la de los fallidos intentos del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina (CAN) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A la inversa, Sudamérica puede ofrecerle a Centroamérica mejores perspectivas para sus productos, que podrían ingresar a mercados más competitivos y donde destaca Brasil. Justamente, este país ha sido una pieza clave en la integración entre las dos partes. El gobierno brasileño ha optado por una vía más "comercial" y no tan política, algo que le ha traído grandes beneficios, por ejemplo, con Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En paralelo, Venezuela escogió el camino ideológico y así ganó el apoyo de Honduras y Nicaragua. Lo concreto es que a pesar de estas diferencias, tanto Hugo Chávez como Luiz Inácio Lula da Silva están trabajando por una mayor integración y ambos gobiernos han condenado el golpe de estado militar. Es así que en la medida que no se restituya a Manuela Zelaya, difícilmente se pueda mantener en pie un proceso holístico de integración. Ciertamente, la iniciativa continuará, pero las relaciones con Honduras no serían las mismas y seguramente se le pondrían ciertas condiciones para seguir siendo incluida en este proceso.

Por último, quedan las relaciones con el Caricom y, también, al interior de Centroamérica. Los estados caribeños seguramente tomarán palco ante esta situación y no tomarán una iniciativa propia. Harán esto, para así ajustar su postura ante lo que realicen, específicamente, los miembros de la Unión Europea, con quienes están en permanentes negociaciones y cada vez más cerca de tener nexos realmente sólidos. El Caricom no tomará riesgos y, por lo mismo, hará lo que hagan sus posibles "socios" comerciales del Viejo Continente. Por eso, una molestia de los europeos podría traducirse en una igual respuesta por parte de la Comunidad del Caribe.

En cuanto a Centroamérica, las ideologías políticas ya han generado divisiones internas, pero éstas han sido limadas (¿o tapadas?) para obtener el bien común de la región, que tiene que ver con la firma de buenos acuerdos con la Unión Europea, Sudamérica y Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué ocurrirá en caso que Zelaya no vuelva a ejercer como presidente?, ¿Realmente todos los países centroamericanos reprobarán el accionar de las fuerzas militares y la oposición en Honduras?, ¿habrá un fuerte respaldo hacia Manuel Zelaya?, ¿regreso a la incipiente estabilidad?, ¿o inicio de una escalada de violencia? Son preguntas de gran relevancia y cuyas respuestas podrán establecer el devenir más próximo de Centroamérica.

Por eso, a recordar que la altura de mira y la sabiduría son esenciales para el correcto devenir de la historia.

Los procesos democráticos, también.

Raimundo Gregoire Delaunoy raimundo.gregoire@periodismointernacional.cl VOLVER