Reporte – Crisis política y social de Malí

Fecha 9/08/2020 por Raimundo Gregoire Delaunoy

El 5 de junio comenzaron una serie de manifestaciones en Bamako, capital maliense, pero también en otras ciudades del país. Aquello parecía un movimiento espontáneo que, como muchos otros, quizás terminaría diluyéndose por su falta de consistencia. Sin embargo, civiles, opositores al actual gobierno de Ibrahim Boubacar Keita (IBK) e incluso figuras religiosas lograron, con gran éxito, unirse y desafiar a IBK.  A casi dos meses del inicio de esta nueva etapa, que no es más que la continuidad o, si se prefiere, una consecuencia del conflicto que estalló en 2012, el M5-RFP (coalición integrada por el Movimiento del 5 de Junio y la Agrupación de Fuerzas Patrióticas) sigue poniendo sobre la mesa la necesidad de reformas sociales y políticas.

Raimundo Gregoire Delaunoy | 9 de agosto de 2020

(Fuente: Agencias)

La historia es bastante conocida. Casi en paralelo a la caída de Muammar al Gaddafi, miles de mercenarios, provenientes de Malí y Níger, vuelven a su país de origen. Así, comienza a organizarse una nueva rebelión tuareg en el Sahel, aunque esta vez centrada en Malí y, específicamente, en el norte del territorio maliense. Meses después, en marzo de 2012, un golpe de estado puso fin al régimen de Amadou Toumani Touré. Tras esto, Dioncounda Traoré, presidente de la Asamblea Nacional, es nombrado como el nuevo mandatario de Malí. Luego, a fines de abril, se produjo una nueva intentona golpista, aunque esta vez sin éxito. A partir de entonces, se generó la confluencia de tres variables, que son la fragilidad institucional del país, la mencionada “rebelión tuareg” y la entrada al conflicto de diversos grupos terroristas (principalmente Al Qaeda del Magreb Islámico, Movimiento por la Unidad de la Jihad en África Occidental y Ansar Dine).

Durante los siguientes años, Malí fracasaría en su intento de recuperar el control de todo su territorio, pero, aún peor, también sucumbiría al auge del terrorismo. Todo esto fue creando un escenario perfecto para un deterioro generalizado de la calidad de vida de la población del país. Así, en septiembre de 2013, asumió como presidente el experimentado Ibrahim Boubacar Keita (conocido como IBK), quien sería reelegido en agosto de 2018. En ambas elecciones, Keita derrotó a Soumaila Cissé.

En abril del presente año se llevaron a cabo unas polémicas legislativas, ya que se acusó a la Corte Constitucional de favorecer al partido de Ibrahim Boubacar Keita y, además, se pusieron en duda 31 resultados. Sin embargo, días antes, el 25 de marzo, la situación ya se había enrarecido, luego que Soumaila Cissé fuese raptado. En paralelo, los problemas mencionados previamente (terrorismo, deterioro de la calidad de vida y disputa por el territorio) seguían siendo parte del debate nacional. De esta forma, lo acontecido en los comicios legislativos y la “desaparición” de Cissé fueron los ingredientes perfectos para generar una “bomba de tiempo”. Esto último ocurrió casi dos meses después, ya que el 5 de junio comenzaron a desarrollarse una serie de protestas en todo Malí, las cuales crecieron en violencia y tensión durante julio. Hasta hoy, se estima que al menos 11 manifestantes fallecieron durante los choques con las fuerzas policiales.

Detrás de estas protestas se encontraba una alianza formada por el Movimiento del 5 de Junio y la Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP). Dicha coalición integraba a la sociedad civil -incluso hubo manifestaciones realizadas por mujeres-, a la oposición política y a religiosos. De hecho, el imam Mahmoud Dicko es considerado como uno de los grandes pilares y organizadores de este movimiento político-social.

Cuando todo parecía llegar a un punto sin retorno, Ibrahim Boubacar Keita declaró, el 5 de julio, que estaba dispuesto a disolver la Asamblea Nacional y conformar un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, su propuesta no fue aceptada y se mantuvieron las manifestaciones. En los siguientes días, las protestas se intensificarían y, tras la muerte de civiles, se tomó la decisión de realizar plegarias en vez de protestas. Además, el 11 de julio, el primer ministro de Malí prometió que lo antes posible se generaría un “gobierno de apertura”. Luego, ante la inminente llegada del Eid al Kbir, conocida como Tabaski en las comunidades musulmanas de África Occidental, se hizo un llamado a la calma. Aprovechando esta “pausa”, una delegación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) intentó generar un consenso y, por ende, una solución pacífica. Lamentablemente, el 20 de julio se anunciaba que la misión había fracasado en su intento. Acto seguido, cinco presidentes de países vecinos (Costa de Marfil, Ghana, Níger, Nigeria y Senegal) dieron continuidad a lo hecho por la delegación de la Cedeao. Lamentablemente, nuevamente no hubo acuerdos.  

¿Qué pide el movimiento?

Entre las principales demandas se encuentran la renuncia de Ibrahim Boubacar Keita y la disolución de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Además, el M5-RFP exige investigaciones independientes sobre la violencia contra civiles, la cual, según dicho movimiento, habría generado 23 muertos.

Cabe consignar que la partida de Keita no fue parte de las peticiones en un primer momento, pero tras los choques, que derivaron en fallecidos, el movimiento sumó la renuncia de IBK como algo insoslayable.

Como respuesta a lo que pide el M5-RFP, IBK removió a los miembros de la Corte Constitucional y su hijo renunció a su puesto como diputado. Sin embargo, al no querer disolver la Asamblea Nacional, ni tampoco presentar su renuncia, el M5-RFP siguió adelante con sus peticiones.

…..qué sugieren los mandatarios de la Cedeao

Tras las visitas de una delegación del organismo regional y de cinco mandatarios, el lunes 27 de julio se llevó a cabo una cumbre extraordinaria (a través de videoconferencia), en la cual estuvieron los 15 jefes de estado y gobierno de los países miembros.

En resumen, la Cedeao recomienda al gobierno de Malí que nombre un gobierno de unidad nacional -cuyo poder sería compartido por IBK, la oposición y la sociedad civil- y que haga efectiva la renuncia inmediata de los 31 diputados que lograron sus escaños gracias a la polémica decisión de la Corte Constitucional. Sobre este último órgano, sugieren que se realice una restructuración del mismo, pero dentro del marco legal establecido por la Constitución de Malí. En este sentido, la Cedeao propone que, una vez que se lleve a cabo la elección parcial (por los 31 asientos) de la Asamblea Nacional, sea esta la que designe sus tres representantes. En caso de bloqueo, el presidente Ibrahim Boubacar Keita podría ampararse en los poderes excepcionales que le otorga el artículo 50 de la Constitución y nominar a los nueve integrantes de la Corte Constitucional.

La Cedeao también pidió una investigación formal sobre los disturbios ocurridos en Bamako y que dejaron un saldo de al menos 11 muertos (según algunas fuentes, los fallecidos serían hasta 23). En paralelo, el comunicado final de la cumbre puso énfasis en la necesidad de redoblar los esfuerzos en la búsqueda y el rescate de Soumaila Cissé.

Junto a lo anterior, la Cedeao apuesta por la creación de un “Comité de Seguimiento”, el cual tendría como objetivo verificar que las medidas sugeridas se lleven a cabo. Este “Comité de Seguimiento” contaría con la participación de la Unión Africana y la ONU, a lo cual se sumaría la presidencia de la Cedeao. Por último, este comité estaría integrado por representantes de la sociedad civil, Parlamento, gobierno, M5-RFP, mujeres, jóvenes y magistrados.

Se contemplan sanciones para quienes cometan actos en contra del proceso de normalización y la fecha límite para desarrollar esta propuesta sería el 31 de julio. En pocas palabras, se le pide a las partes en conflicto que actúen con rapidez y que lleguen a un acuerdo lo antes posible, para así comenzar la reconstrucción política y social de Malí.

……y la respuesta del movimiento a la propuesta de la Cedeao

Junto con declarar que el proyecto elaborado por los mediadores no tomaba en cuenta el contexto sociopolítico del país y los riesgos que implica el mandato de Ibrahim Boubacar Keita, el M5-RFP rechazó la propuesta de la Cedeao. También, lamentó que lo ofrecido por la Cedeao no fuese muy diferente a lo que ya presentó IBK.

Al respecto, volvieron a decir que la renuncia del actual presidente es parte de la solución, algo que la Cedeao considera innecesario y, aún más, como una “línea roja” que no debe ser cruzada.

Por medio de un comunicado, generado el 23 de julio, el M5-RFP se comprometió a organizar manifestaciones dentro del marco legal (respetando a la Constitución, resoluciones adoptadas a nivel internacional y acuerdos intercomunitarios) y en un contexto absolutamente pacífico.  Además, afirmó que evitaría generar un vacío de poder, para así asegurar que las discusiones con IBK no impliquen mayor inseguridad para la población del país. El texto entregado a la Cedeao termina con algo importante y es que el M5-RFP espera contar con el apoyo de la Cedeao en su “búsqueda de seguridad, paz y prosperidad socioeconómica, a través de la restauración de un Malí democrático, republicano y laico”.

El 28 de julio, el movimiento nuevamente rechazó la propuesta de la Cedeao, aunque ese mismo día se produjo un encuentro entre el primer ministro de Malí, Boubou Cissé, y el imam Mahmoud Dicko. En esta reunión, llevada a cabo en la casa de Dicko, el representante del gobierno maliense le pidió al líder religioso que se implique en la propuesta de IBK, para que así logre convencer al M5-RFP de integrarse al gobierno de unidad nacional. Al día siguiente se vivió una dura jornada para el proceso de acercamiento, ya que la oposición volvió a pedir la salida de IBK y cerró la puerta a la propuesta de Cissé. Junto a eso, los 31 diputados involucrados en la polémica legislativa anunciaron que no dejarían sus cargos. En paralelo, el primer ministro aseguró que no renunciará, a menos que el presidente se lo pida. En resumen, todo llegó a punto cero, lo cual adquirió mayor gravedad una vez que el M5-RFP anunciara que el lunes 3 de agosto retomaría la desobediencia civil. En este sentido, el 30 de julio llegaría algo de calma, ya que Mahmoud Dicko declaró que se podría encontrar una solución que no contemplara la renuncia de IBK. Junto a lo anterior, mencionó que la salida del primer ministro podría ser una parte del compromiso. Empero, el imam aparecería, unos días más tarde, llamando a una gran marcha el 11 de agosto y pidiendo que fuese una “convocatoria histórica”.

Comentarios sobre la situación de Malí

Mientras el M5-RFP y el gobierno mantienen su “gallito”, el país sigue sin progresar y, peor aún, la situación amenaza con agravarse. De hecho, según datos del último Afrobarómetro, del 23 de julio, el 86% de los encuestados consideró que Malí va en una “mala dirección”. Al respecto, parece haber un consenso nacional sobre el delicado contexto, ya que Sikasso es la región donde hay una mejor percepción, pero aún así el 78% optó por la respuesta “mala dirección”. A nivel político, el asunto es bastante similar, ya que el 90% de los cercanos a la oposición considera que el país va en una “mala dirección”, mientras que los simpatizantes del gobierno y aquellos que no se identifican con ningún bando suman 82% y 85%, respectivamente.

En cuanto al gobierno, IBK llegó a tener un 75% de aprobación, pero luego fue bajando. Esto se debe al hecho de no poder concretar una serie de medidas y reformas sociales. Por ejemplo, según un Afrobarómetro de julio de 2018, en apenas cuatro ítems había un respaldo popular sobre ciertos asuntos. Se trata de la prevención de la violencia política en el período electoral (66%), mejoramiento de los servicios de salud básicos (62%), prevención de conflictos violentos entre comunidades (61%) y el fomento de los derechos y las oportunidades a favor de las mujeres (61%). En los restantes 15 temas, la aprobación fue igual o menor a 50%, destacando la mala evaluación en estabilidad de los precios (79%), reducción de la brecha entre ricos y pobres (78%), mejoramiento de la vida de los pobres (75%), creación de empleos (74%), suministro fiable de electricidad (71%), lucha contra la corrupción en la administración pública (71%), seguridad alimentaria para todos (66%), gestión de la economía (65%), tomar en cuenta las necesidades de los jóvenes (64%) y reducción de la criminalidad (63%). Como se puede ver, hay un alto rechazo en temas tan importantes como pobreza, desigualdades, corrupción, alimentación y seguridad, demostrando que, tal cual expresó la analista Niagalé Bagayoko, se trata de una “crisis multidimensional”.

Respecto a lo anterior, es necesario mencionar que hay asuntos que se vienen desarrollando hace varios años, como la brecha entre ricos y pobres. Así, en 2001, el 66% de los encuestados consideraba que el gobierno de aquel entonces lo estaba haciendo “mal” o “muy mal” en la lucha contra la desigualdad. En 2005, la cifra llegaba a 67% y en 2008 trepaba a un histórico 83%, en tanto que en 2012, en plena crisis política y social (especialmente en seguridad), se mantenía muy alto (80%). En 2014 y 2017 llegaría a 75 y 79%, respectivamente. Los números hablan por sí solos y demuestra que el problema de la gran brecha entre los más ricos y los más pobres no es responsabilidad de IBK, sino que de todos quienes han gobernado en los últimos 15 años.  Lo mismo ocurre con la gestión de la economía (62% en 2008, 69% en 2012, 56% en 2014 y 65% en 2017), mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres (77% en 2008, 75% en 2012, 71% en 2014 y 75% en 2017) y la creación de empleos (55% en 2005, 72% en 2008, 73% en 2012, 68% en 2014 y 65% en 2017). Al revisar las cifras, se puede concluir que IBK no lo ha hecho mucho mejor que sus antecesores, pero tampoco lo ha hecho peor.

Se puede decir, entonces, que es un proceso que se mantiene desde hace mucho tiempo.  Hay una crisis política que se arrastra desde 2012, agravada por la situación de la seguridad. A pesar de esto, sigue habiendo un alto grado de apoyo al sistema de elecciones, ya que, en 2014, el 85% estaba a favor de elegir candidatos por medio de votaciones. En 2017, la cifra era 81%. En ambos casos, bastante parecido a lo que se podía apreciar en 2002 (82%), 2005 (86%), 2008 (81%) y 2012 (82%). Sin embargo, sería importante conocer la opinión de la gente sobre la transparencia de los procesos electorales. Esto, pues, en 2014, el 83% pensaba que las elecciones se habían desarrollado con plena transparencia o con pequeños problemas, mientras que en 2017 había bajado al 76%. Tras la polémica que ocurrió en las legislativas de 2020, ¿cuál sería el nuevo porcentaje? Lo mismo pasa con la Comisión Electoral, con una confianza, por parte de los encuestados, de 40% en 2012, 68% en 2014 y 51% en 2017.

En cuanto a la democracia, un 62% la apoyaba en 2012, mientras que aquella cifra aumentaría en 2014 (75%) y luego bajaría en 2017 (67%). En paralelo, el rechazo a las dictaduras de un hombre se mantiene sobre 80% desde 2012, con históricos montos de 86% y 87% en 2014 y 2017, respectivamente. La mayoría también suele mirar con recelo a los gobiernos de partido único (77% en 2012, 84% en 2014 y 76% en 2017) y a los regímenes militares (58% en 2012, 64% en 2014 y 66% en 2017). En resumen, se puede llegar a la conclusión que hay un evidente rechazo al trabajo de los políticos e incluso de instituciones como la Comisión Electoral, pero que aún se mantiene un fuerte apego respecto de la democracia. Sin embargo, ese descontento (un 61% consideraba, en 2017, no estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia) debe ser tomado en cuenta, pues indican que no debe haber una reformulación del sistema, pero sí reformas urgentes.

Relacionado con lo anterior, a pesar de la desconfianza respecto de los políticos y de la violencia en ciertas regiones del país, se debe destacar que la libertad de expresión sigue teniendo una buena percepción por parte de la gente. De todas maneras, se debe poner atención al hecho que, según un Afrobarómetro de diciembre de 2018, el 40% se consideraba “nada libre” o “no muy libre” a la hora de expresar sus opiniones. Este resultado es mayor que aquellos de 2008 (15%), 2012 (30%) y 2014 (24%). Entrando en profundidades, es importante tomar en cuenta que apenas el 55% de los jóvenes entre 18 y 35 años declaró que se siente “algo libre” o “totalmente libre” en este ítem, mientras que los hombres (63%) se sienten con mayor libertad que las mujeres (54%). A estos datos se debe agregar que aquellos que nunca vivieron en la pobreza (68%) se sienten más libres que quienes tienen han vivido bajo una elevada pobreza (51%).

Algo de importancia es la participación en reuniones comunitarias. En este punto, lo más destacable es la diferencia entre el medio urbano y rural. En el primero, el 47% estaría dispuesto a participar, mientras que en el segundo la cifra llega a 70%. Al respecto, los resultados son de 2017 y cabe preguntarse cuáles serían los porcentajes hoy, tomando en cuenta que ha habido mucha violencia intercomunitaria. Más allá de eso, lo concreto es que en los sectores rurales -que es donde hay más choques entre comunidades- hay un mayor grado de participación en encuentros comunitarios, lo cual se podría explicar, entre otros motivos, por la desconfianza hacia los políticos y las fuerzas de seguridad, por un lado, y por el sentimiento de pertenencia a su comunidad, por el otro lado. Situación similar se vive a la hora de asociarse con otros para discutir un problema. En este ítem, el medio rural volvió a superar al urbano, ya que la respuesta afirmativa fue de 55% y 39%, respectivamente. Algo que llama la atención es que apenas el 46% de las personas entre 18 y 35 años se asociaría con otros para hablar sobre algún conflicto o situación problemática, en tanto que en el mayor porcentaje de intención positiva se ubica en el rango de 36 a 55 años, aunque apenas un 57%. Esto permite entender el por qué de los violentos choques ocurridos durante junio y julio en Bamako y otras ciudades del país. Claramente, mucha gente ya no tiene ganas de sentarse a debatir sobre los problemas que los afectan. Por último, la cantidad de ciudadanos que iría a una protesta o manifestación es otro tema que debe ser analizado. En este sentido, en 2012, el 73% decía que nunca lo haría, pero luego bajaría bastante en 2014 (46%) y 2017 (52%). A la inversa, en 2012, el 20% dijo no haber asistido a una manifestación en los últimos 12 meses, pero que lo haría si se presentara la oportunidad, lo cual varió bruscamente en 2014 y 2017, llegando a un 44% y 37%. A su vez, el porcentaje de personas que fue a una protesta se mantuvo estable (entre el 7% y 10%). Estos números permiten concluir que la gente está más dispuesta a ir a la calle y expresar lo que siente. Es algo que va de la mano con lo que ha ocurrido en la actual crisis, ya que la sociedad civil ha tenido un importante rol en las manifestaciones organizadas por el M5-RFP.

Conclusiones

Sin dudas, la respuesta del gobierno de IBK ha sido tardía, pero lo importante es que poco a poco empieza a generar cambios. Por ejemplo, se nombró a los nuevos integrantes de la Corte Constitucional, que era una de las peticiones del M5-RFP. Además, se formó un nuevo gabinete, acotado y con la misión, bajo el mando del primer ministro, de generar un gobierno de unidad nacional. Al respecto, la “hoja de ruta” de IBK tiene como una de las grandes prioridades lograr que el M5-RFP entre a este nuevo gobierno. En paralelo, se puso énfasis en retomar las condiciones mínimas que permitan el retorno de la “paz social”, lo cual incluye, entre otras medidas, una investigación sobre las muertes ocurridas en julio y la aplicación del artículo 39 del personal de Educación. En este contexto, es urgente que se siga avanzando en las principales reivindicaciones de los manifestantes, para así ir mejorando el clima político y social.  

Relacionado con esto último, es necesario generar un punto de encuentro entre el actual gobierno y la oposición, pero también entre la clase política en general y las necesidades del ciudadano común. Por eso, será vital que el M5-RFP comprenda que debe ceder y acercar las posiciones ante un gobierno que, tarde y presionado por la situación, finalmente optó por apostar por el diálogo y buscar una solución que evite un descalabro de la institucionalidad democrática del país. La naciente Coalición por el Sahel podría ser integrada en el proceso de estabilización del país.

En cuanto a la solución, esta debe ser generada por los actores directos del conflicto en Malí. Sin embargo, la participación de actores regionales, como la Cedeao parece ser apropiada. Es momento que los organismos de integración africanos demuestren que están a la altura y que no necesitan los buenos oficios de organismos multilaterales externos (UE, Estados Unidos, etc.). Al respecto, el rol de la ONU debe ser de observador y mediador, pero no más que eso. No se debe olvidar que la presencia militar ha generado rechazo hacia ciertos países, pero también hacia la injerencia extranjera. En este punto, es relevante que se evite un escenario como el que vive Libia, donde diversos actores se han involucrado. Esto ha distorsionado al conflicto en sí, pues a este mismo -que es lo central del asunto- se han sumado las pugnas geopolíticas entre otros estados ajenas al conflicto principal. Es así que el fracaso de la Cedeao ha sido un paso atrás, pero el regreso de Goodluck Jonathan, como mediador, podría fortalecer los esfuerzos llevados a cabo por la Cedeao. Así, es fundamental que este bloque de integración siga apoyando el proceso de diálogo de Malí y no solo para conseguir la estabilidad de dicho país, sino que también para seguir avanzando en la anhelada búsqueda de mayor democracia en la región. En resumen, se debe encontrar una solución debido al contexto nacional y regional.

La solución del conflicto debe tener una mirada amplia y de largo plazo. Si bien la crisis política y la inseguridad son los detonantes del actual proceso, este no es más que una consecuencia o una continuidad de aquel que comenzó en 2012. Así, se deben buscar soluciones a distintos problemas y, por lo mismo, se deberá involucrar a diversos sectores políticos y sociales. Aún más, hay temas (como el terrorismo) que merecen tener una visión regional, pues ningún país podrá ponerle fin sin la ayuda de sus vecinos.

Es fundamental que todas las partes involucradas comprendan que la defensa de la democracia y de su institucionalidad deben estar por sobre los intereses particulares de uno u otro grupo. Malí logró construir una incipiente democratización en los años 90, pero en el siglo XXI fue sufriendo una progresiva destrucción de lo conseguido. Esto último, entre otros motivos, por el mal desempeño de los políticos.

Parece ser que el imam Mahmoud Dicko no tiene intenciones de ser presidente o algo así. De hecho, le acomoda estar por detrás de los poderes, para así controlar y “fiscalizar” a quienes toman las decisiones. Será necesario contar con su presencia al momento de negociar con grupos terroristas, especialmente con aquellos que cuentan con buenas relaciones con Dicko. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la islamización del conflicto político y social sería un gran retroceso. Si bien resulta erróneo establecer la participación del imam solo en el plano religioso, no se debe olvidar lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los islamistas en Marruecos, Túnez y Egipto. En todos estos casos, supieron aprovechar el descontento transversal de la sociedad, para luego llegar al poder e intentar realizar reformas tendientes a una sociedad más conservadora o, si se prefiere, más “islamizada”. Esto no quiere decir que en Malí vaya a pasar eso mismo -las comparaciones no son recomendables-, pero es importante ir viendo si Dicko y los islamistas tienen otras intenciones.

En medio de un contexto regional muy preocupante y con diversas amenazas -sequía, choques intercomunitarios, terrorismo, inmigración, inestabilidad sociopolítica y conflictos en zonas cercanas-, Malí no se puede dar el lujo de caer y generar otro “tierra de nadie”. Es importante que el Estado recupere el control territorial, para que así pueda ejercer su poder y, por ende, sus medidas en materia de seguridad. Sin embargo, al igual como ha pasado en otros países de la zona, se debe tomar mucho cuidado a la hora de reforzar la seguridad, ya que ha habido diversos casos de violaciones a los derechos humanos, llegando incluso a cometer verdaderas matanzas contra civiles (por parte de las fuerzas estatales y de grupos terroristas), pero también se han producido intensas confrontaciones entre las comunidades que habitan en la región.

El M5-RFP comienza a dar señales de evidentes diferencias y una demostración de aquello es el tema de la renuncia de IBK. Mientras los sectores más duros no ceden en su afán de sacar al actual presidente, otros grupos, incluyendo al mismo Mahmoud Dicko, no tienen como principal prioridad la partida del actual mandatario. Esto último puede generar, con el desgaste propio del paso del tiempo, una fractura al interior del M5-RFP. Además de lo anterior, no se debe olvidar que este movimiento tiene mucha adhesión en Bamako, pero no así en otras regiones del país. Desde este punto de vista, la misión de la Cedeao fracasó en su intento de generar acuerdos, pero significó un apoyo fundamental para IBK, ya logró validarlo como presidente. Esta situación se refuerza con la reciente declaración de la Unión Africana, que apostó por sumarse a las propuestas elaboradas por la Cedeao. En resumen, si IBK logra manejar bien la relación con el M5-RFP, el actual conflicto podría tener, eventualmente, un mejor futuro.

Un tema que no se debe olvidar son las elecciones de 2023, ya que si bien el movimiento parece ser espontáneo y con objetivos de corto plazo, sí puede haber líderes, partidos políticos o grupos que estén pensando en los comicios presidenciales de 2023. Es el caso, por ejemplo, de la Coordinación de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes del imam Mahmoud Dicko (CMAS), una agrupación formada en enero de 2020 y que tiene como objetivo las elecciones legislativas, que aún no tienen fecha, e incluso las presidenciales de 2023.

Si bien la pandemia del Covid-19 no ha sido un detonante de la actual crisis, puede jugar un rol. Esto, pues una mala gestión del gobierno agravaría las tensiones, pero un buen manejo permitiría que IBK ganara más apoyo.  

Por último, la situación actual del país es el reflejo de un proceso histórico que mezcla una deficiente administración del Estado y crisis de confianza respecto de las instituciones estatales y políticas. Lo que actualmente ocurre es la explosión de un material acumulado durante años, período en el cual no se solucionaron grandes problemas en temas como educación, salud, justicia, servicios básicos (agua y electricidad), descentralización y gobernabilidad. Aún peor, a partir de 2012 se sumó una crisis en la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el control efectivo del territorio. En este escenario, el Estado y la población de Malí deben actuar con rapidez, fomentar la puesta en marcha de medidas concretas y consolidar una política de diálogo y acuerdos.

Raimundo Gregoire Delaunoy
@Ratopado
raimundo.gregoire@periodismointernacional.cl


 

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