Nacido en el sector oriental del delta del Nilo, Mohamed Morsi Isa Al-Ayyat se convirtió en unos de los símbolos de la Hermandad Musulmana de Egipto y, al convertirse en el primer (y, hasta ahora, único)] historia del Egipto moderno. Su historia estuvo llena de dulce y agraz, pero, quizás, se le recordará por haber liderado una etapa que pareció un espejismo más que un período concreto de nuevos tiempos.

Raimundo Gregoire Delaunoy | 17 de junio de 2019

Mohamed Morsi estudió ingeniería en la Universidad de El Cairo y siempre destacó por sus buenos resultados universitarios. Tras terminar sus estudios de ingeniería, en 1975, tres años más tarde obtuvo el grado de magíster en ingeniería metalúrgica. En 1978, optó por viajar a Estados Unidos y ahí continuó con su profundización, alcanzando, en 1982, un doctorado en ingeniería en la Universidad de Carolina del Sur.  Luego de realizar clases en esta última casa de estudios, Morsi regresó a Egipto, donde también desarrolló trabajo docente. En eso estuvo hasta 2010, aunque, desde mucho antes, también empezó a convertirse en un importante actor político de la era de Hosni Mubarak.

Claro, pues fue parte de la oposición y uno de los hitos de su ascendente carrera política llegó en 2000, cuando, siendo un candidato independiente, logró ingresar al Parlamento egipcio. Su agrupación, la Hermandad Musulmana, estaba prohibida durante el mandato de Mubarak, asi que su figura siempre estuvo ligada al movimiento islamista. Sin embargo, en 2005 le tocaría caer, ya que Mubarak organizó un fraude electoral para así disminuir el peso ganado por la Hermandad Musulmana, la cual, entre las sombras y con candidaturas “independientes”, seguía avanzando en el poder legislativo de Egipto. Para peor, en 2006 sería encarcelado durante siete meses y cinco años más tarde correría la misma suerte. Finalmente, con el fin de la era Mubarak, no solo recuperó su libertad personal, sino que también entró con gran poder a la arena política egipcia.

Así, a pesar que la Hermandad Musulmana afirmó que no tenía intenciones de tener un candidato a la presidencia, en julio de 2012, con cerca del 52% de los votos, Mohamed Morsi se convirtió en el primer presidente de Egipto elegido por votación democrática. Se generó, en medio de un proceso de cambios político-sociales que afectó a muchos países del mundo árabe, la esperanza de ver algo diferente. Si Nasser y Anwar el Sadat habían representado al sueño del socialismo panarabista y la apertura hacia Occidente y el capitalismo, respectivamente,, Morsi parecía ser el encargado de generar un sistema democrático y alejado de los cuarteles. De hecho, su popularidad era muy alta y normalmente estuvo sobre el 50%. Empero, su mandato tenía fecha de inicio y vencimiento, pues el poder seguía estando en las mismas manos de siempre. Y aunque intentó cambiar esto, lo cual le significó tener aciertos, pero también grandes errores –como haberse entregado, en noviembre de 2012, poderes totales, reviviendo el miedo de las dictaduras y, peor aún, una de tipo islamista-, su caída fue cosa de tiempo.

Aunque el PIB de Egipto tuvo un leve crecimiento (pasó de 1,8% a 2,2%), la incapacidad de frenar los precios del gas y de la alimentación le pasó la cuenta. Además, sus polémicas medidas, la inestabilidad político-social del país y el abierto quiebre con parte de la izquierda y grupos pro-Mubarak, le dieron aún más fuerza a la oposición que empezó a construirse en torno a él. Junto a lo anterior, los indicios de una islamización de la sociedad o, si se prefiere, de una “islamización conservadora”, no ayudaron a que lograse salir a flote. Así, tras fuertes protestas en la histórica Plaza Tahrir y con un ultimátum de los militares, Morsi sufrió un golpe de estado, el 3 de julio de 2013, y debió resignarse a poner fin a la era de la Hermandad Musulmana en la presidencia egipcia. Como en una película, el sueño de desvaneció y todo el mundo fue testigo de una metamorfosis que nunca fue tal. Todo cambió, pero para que nada se modificara. En un abrir y cerrar de ojos, Mohamed Morsi estaba detenido, condenado y acusado, entre otras cosas, de realizar espionaje a favor de Qatar o de matar protestantes. Incluso, se le condenó a muerte y pasó sus últimos seis años privado de libertad, mientras que Hosni Mubarak era liberado en 2017.

Al momento de su muerte, la cual aún no ha sido clarificada, Morsi se encontraba, para variar, en un tribunal. Durante años estuvo enfermo y la gravedad de sus males minaron su salud, la cual nunca recibió, según consigna Human Rights Watch, los mínimos y más básicos cuidados. Murió en vida y, con eso, aumentó la histórica consigna épica de la Hermandad Musulmana. Sin pensarlo, y a pesar de realizar un mal gobierno y no entender el juego político, ni los ritmos del nuevo proceso egipcio, entró a la historia de su agrupación como un mártir. Como uno de los tantos mártires de la Plaza Tahrir.

En marzo de 2007,  la victoria de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ponía fin a décadas de gobiernos autoritarios y, al mismo tiempo, daba comienzo a una nueva etapa en la débil e incipiente institucionalización democrática de la República Islámica de Mauritania.  Lamentablemente, dos años y medio después de aquel histórico hecho, todo quedó en nada y las esperanzas de un camino sin retorno hacia la estabilidad social, política y económica parecen estar perdidas.  Los golpistas se tomaron el poder y luego obtuvieron la victoria en los comicios presidenciales de julio pasado.  Ante esta situación, no queda otra que preguntarse qué es lo que falló en este proceso.

 Raimundo Gregoire Delaunoy | 9 de octubre, 2009

Fotografía: AFP

La respuesta puede parecer compleja, pero, finalmente, no lo es tanto.  Claro, todo dependerá del prisma con el cual se analice y observe el cúmulo de acontecimientos sucedidos en la realidad política y social mauritana durante los últimos años, pero se podría decir que hay dos grandes temas de gran peso a la hora de establecer ciertas conclusiones o de elaborar juicios categóricos.

Tratándose de un asunto netamente interno, la lógica obliga a pensar que todas las variables involucradas en este proceso político, social y económico –puede parecer reiterativo mencionarlo, pero esto no tiene que ver sólo con uno de los tres factores nombrados- deberían tener una matriz en el pueblo mauritano.  Sin embargo, los hechos demuestran que aquello no es así y, desafortunadamente, una serie de agentes externos han tenido y, casi son seguridad, tendrán un importante rol en la vida de la aún joven República Islámica de Mauritania.

Así las cosas, a la hora de intentar entender el fracaso del proceso de lenta democratización en Mauritania, aparecen dos grandes ejes.  Primero, la injerencia de las potencias extranjeras (principalmente, Estados Unidos y la Unión Europea) y del actual líder libio y presidente de la Unión Africana (UA), Muammar al Gadaffi.  Segundo, la historia y actualidad político-social de la República Islámica de Mauritania.

Los hechos ya son conocidos.  Desde las elecciones presidenciales de marzo de 2007, la política mauritana vivió momentos de zozobras, disputas y dudas.  Así fue que en mayo de 2008 renunció el primer ministro de Mauritania, Zeine Ould Zeidan, siendo reemplazado por Yahya Ould Ahmed El Waghf.  Pero este último tampoco duró mucho en el cargo, pues en julio del mismo año presentó su dimisión.  Este hecho se produjo ante una moción de censura en su contra y que había sido ideada por el Pacto Nacional por la Democracia y el Desarrollo (PNDD).  El motivo de esta acusación radicaba en la cada vez mayor pobreza del país, el estancamiento económico y la supuesta corrupción en ciertas cuentas del estado.  Sin embargo, el entonces presidente de Mauritania, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, rechazó la renuncia de su primer ministro y éste fue reintegrado.

Así se llegó a agosto de 2008 y, específicamente, al día seis de aquel mes.  En aquella fecha, el coronel Mohammed Abdel Aziz lideró un golpe de estado militar, que abruptamente puso fin al gobierno democrático, legal y legítimo de Sidi Ould Cheikh Abdallahi.  El principal motivo fue la destitución de la plana mayor del Ejército, algo que causó gran molestia en Mohammed Ould Abdelaziz, jefe de la guardia presidencial.   A partir de entonces, la junta militar creó el Alto Consejo de Estado, el cual era liderado por Abdelaziz.  Unos días más tarde, Mulay Ould Mohammed Laghdaf sería nombrado primer ministro de la República Islámica de Mauritania.  Mientras, Sidi Ould Cheikh Abdallahi y Yahya Ould Ahmed El Waghf fueron aprisionados y se les impidió salir del país.

Ante esta situación, las reacciones de la “comunidad internacional” no se hicieron esperar.  La Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental expresaron el repudio ante los lamentables sucesos.  Más tarde, la Liga Árabe se sumaría a este mensaje.  Otros organismos, como la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión del Magreb Árabe fueron más cautos y aunque declararon sentirse preocupados por la situación, no elaboraron grandes juicios al golpe de estado militar.

Y después de los hechos, ¿qué?

Lamentablemente, lo que parecía ser una gran condena a nivel mundial comenzó a desvanecerse con una tibieza que realmente asombra.  Así como los juicios fueron muy categóricos durante agosto y septiembre de 2008, con el tiempo se fue apagando la luz de aquellos mensajes.

Una demostración de esto último es el relativo aislamiento al cual fue sometida la junta militar.  Estados Unidos y la Unión Europea mantuvieron su amenaza de congelar las ayudas económicas, pero no adoptaron un rol tan preponderante como el que tuvieron en otros conflictos africanos como, por ejemplo, Sudán o República Democrática del Congo.  Peor aún, la República Islámica de Mauritania estuvo presente en una reunión del Foro 5+5 y el coronel Mohammed Abdelaziz recibió en su país a una serie de gobernantes extranjeros.  Y, por si esto fuera poco, China mantuvo un fuerte lazo económico-comercial con Mauritania, demostrando que sus intereses monetarios no tienen un colador a la hora de ser ejecutados.

En paralelo, ni la Organización de la Conferencia Islámica, ni la Liga Árabe y ni la Unión Africana fueron capaces de establecer sanciones ejemplificadoras.  Esto último demuestra que este tipo de organismos sirven para muchas cosas, pero escasamente cuando se trata de solución de conflictos armados.

Lo de la Unión Africana fue realmente decepcionante, ya que aparte de tener un rol bastante pasivo –en un primer momento se declaró en contra del golpe, pero luego dio pie para que esta situación se consolidara- demostró que el influjo de quien esté en la presidencia rotativa no es algo menor.  Esto último tiene que ver con la presencia de Muammar al Gaddafi, líder libio y coronel que lleva 40 años al poder en Libia.  No tiene sentido desviarse del tema, pero lo cierto es que Gaddafi fue, en su momento, un golpista y parece ser que aquella naturaleza le impidió ver con objetividad e imparcialidad el proceso de la República Islámica de Mauritania.  De otra forma, no se puede entender que haya dado apoyo implícito a Mohammed Abdelaziz y que, finalmente, sugiriera que el camino era reconocer a la junta militar y trabajar por nuevas elecciones.

Las elecciones, la participación de Abdelaziz y el comienzo de una nueva etapa

Tras una serie de cuestionamientos y falsas expectativas, el 23 de enero de 2009 se estableció que los nuevos comicios presidenciales serían el seis de junio y que en ellos podría participar el coronel golpista Abdelaziz.  Esto trajo el rechazo de una parte importante de la sociedad mauritana y, por supuesto, de la oposición, liderada por Messaoud Ould Boulkheir, representante de la Alianza Popular por el Progreso (APP).

Sin embargo, las protestas no lograron grandes cosas y el 15 de abril de 2009 Mohammed Abdelaziz renunciaba a su puesto de Jefe de la Junta Militar, para así poder inscribirse y participar en las vitales elecciones que darían el nombre del nuevo presidente de la República Islámica de Mauritania.

Pero apenas unos días de realizarse estos comicios la oposición y la Junta Militar llegarían a un acuerdo, según el cual se retrasarían las elecciones hasta el 18 de julio.  Durante ese período se crearía un gobierno de unidad nacional.

Así fue que el 18 de julio de 2009 se llevaron a cabo los comicios presidenciales, en los cuales participaron diez candidatos, aunque de ellos sólo tres contaban con opciones reales de convertirse en el nuevo mandatario mauritano.  Un día después de las elecciones, se entregaron los resultados, que no dejaron muy conformes a una parte de la “sociedad política” mauritana.  Claro, porque el coronel Mohammed Abdelaziz (apoyado por la Unión para la República) se impuso con el 52.58% de los votos, muy por delante del principal opositor Messaoud Ould Boulkheir (16.29%) y del histórico Ahmed Ould Daddah (13.66%).  Otros candidatos obtendrían menores porcentajes, pero se destaca la figura de Ely Ould Mohammed  Vall, desplazado al sexto lugar con apenas 3.81% de las preferencias.

Si bien en un comienzo hubo un intento de impugnación de las cifras oficiales, con el paso de los días los rivales fueron reconociendo la derrota y todas las dudas se disiparían luego que el Grupo de Contacto Internacional para Mauritania –integrado por la Unión Africana, la Liga Árabe, la ONU, la Unión Europea, la Organización de la Francofonía y los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU- declarara que las quejas recibidas no tenían argumentos válidos.  Además, una serie de otras tendencias observadas durante las votaciones llevaron a este grupo a concluir que no hubo fraude y que las elecciones fueron transparentes.

El 5 de agosto de 2009, Mohammed Abdelaziz juró como el nuevo presidente de la República Islámica de Mauritania, en una ceremonia a la cual asistieron mandatarios o representantes de influyentes países africanos como Marruecos y Senegal.

Algunas reflexiones

Conociendo los hechos, es necesario establecer algunos comentarios u observaciones finales, para así ir dejando en claro el por qué del fallido proceso democrático de la República Islámica de Mauritania.

Primero, la débil institucionalidad política mauritana no fue capaz de resistir ante el menor ataque, sea este de gran o baja intensidad.  En término médico-metafórico, el enfermo aún estaba convaleciente y, por lo mismo, era esperable que en los primeros pasos de este nuevo proceso hubiese recaídas.  Lamentablemente, esto es lo que pasó y esto último se relaciona con la segunda variable involucrada.

Claro, porque el segundo punto a tomar en cuenta es la eterna presencia de los militares en la vida política del país.  La militarización de la política y sociedad es uno de los males que aún padece Mauritania.  La pregunta es cómo eliminar esto.  Quizás lo mejor sea ir robusteciendo la democracia, es decir, ampliar el número de grupos políticos participantes.  En la medida que cada agrupación, por muy pequeña que sea, sienta que tiene herramientas de representación, entonces el accionar de los militares será cada vez más resistido y, en consecuencia, irá quitándole terreno al influjo militar.  Sin embargo, este proceso no es algo de meses, sino que de años y, tal vez, décadas.

Tercero, la crisis económica terminó por pasarle la cuenta al gobierno de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, que a pesar de los esfuerzos (la economía mauritana estaba creciendo durante 2007 y 2008) no logró darle calma a sectores tan importantes como el agrícola y el pesquero.  Los acuerdos, en el área pesquera, parecían darle mayores beneficios a las empresas extranjeras más que a los pescadores mauritanos y eso es algo que debió preveer.

Cuarto, en las elecciones presidenciales de 2007, Abdallahi no había podido ser la primera preferencia en Nouakchott, capital del país.  Aquello que para muchos pudo ser una anécdota, nunca lo fue y eso quedó demostrado con la organización y las facilidades que tuvieron los golpistas, siempre con el apoyo de una importante parte de los habitantes de Nouakchott.  Faltó visión en este punto, pues se pudo haber tenido una mayor seguridad o, buscando otra fórmula, haber intentado darle alegrías a los ciudadanos de la capital.  ¿Populismo? No, el ideal habría sido generar medidas políticas y sociales claras, pero a favor de los habitantes de Nouakchott.

Quinto, las potencias tuvieron un rol bastante apagado en comparación a otros conflictos regionales existentes en África.  Esto se explicaría por la escasa importancia, al menos hasta hoy, que representa Mauritania en términos económicos y de recursos naturales.  No es lo mismo la República Democrática del Congo –donde abundan el oro, el coltán y otros materiales- o Sudán –el verdadero granero de África- que la República Islámica de Mauritania.  Ese parece ser el mensaje enviado por Estados Unidos y la Unión Europea, que tuvieron una tibia reacción ante los golpistas mauritanos.  Lo peor estuvo en manos de China, que nunca dejó de invertir en Mauritania.  Parece ser que da lo mismo quién y cómo gobierne.  Al menos para el gobierno.

Sexto, la Unión Europea demostró que su rol en África debe ser analizado, pues el doble stándard con el cual actuó en el caso de la República Islámica de Mauritania genera preocupación.  ¿Las democracias y los abusos en contra del pueblo son importante en Europa, pero no en Mauritania?, ¿las violaciones a la institucionalidad de un país no tienen relevancia en Mauritania, pero sí en Chad, Sudán o el Sahara Occidental?  Son preguntas que flotan y cuya respuesta es bastante confusa.  La Unión Europea debió tener un mayor rol y una respuesta bastante más dura contra los golpistas.

Séptimo, la Unión Africana no tiene el peso suficiente, ni a un líder (Muammar al Gaddafi) que pueda afrontar con la objetividad y el estricto apego a los valores democráticos que un organismo de integración debiese tener.  Si los conflictos en Somalía, Sudán y Zimbabwe habían sido un gran dolor de cabeza y una nueva demostración de la ineficacia de la Unión Africana, ¿qué se puede decir ahora?

Por último, ha quedado de manifiesto la escasa importancia que el mundo le entrega a un país como la República Islámica de Mauritania.  En los últimos meses se pueden encontrar diversos ejemplos de cómo los gobiernos y los medios tuvieron un papel preponderante a la hora de vivir ciertos problemas.  Por ejemplo, Irán, Abjazia y Honduras.  Sin embargo, parece ser que el pueblo mauritano no genera la misma empatía que lo que sí provocaron iraníes, abjazos y hondureños.

En fin, todas estas variables no hacen más que confirmar algo que parecía bastante predecible, es decir, un primer fracaso en el proceso de lenta democratización de la República Islámica de Mauritania.

Pero no hay que perder las esperanzas, pues esto recién comienza.  Vendrán más desafíos y nuevas oportunidades de consolidar este proceso.  El tiempo irá dando algunas claves, aunque otras ya están a la vista.

Es de esperar que los políticos sepan abrir las puertas correctas y que sepan cerrar las que sólo generan conflictos.

Y con un buen candado.

Raimundo Gregoire Delaunoy
raimundo.gregoire@periodismointernacional.cl
@Ratopado

Apenas conocida la noticia de la destitución del actual presidente hondureño, Manuel Zelaya, comenzaron los juicios valóricos y las demostraciones de apoyo hacia el mandatario de la nación centroamericana y, también, de la actuación de las fuerzas militares.  Más allá de estas reflexiones, lo importante es lamentar lo sucedido y demostrar que el accionar de los golpistas sólo constituye un retroceso en las vías democráticas de la región mesoamericana, siempre amenazada por la inestabilidad política y por gobiernos títeres.

Raimundo Gregoire Delaunoy | 29 de junio, 2009

Una situación como esta amerita objetividad.  Según se ha podido consignar, Manuel Zelaya habría incurrido en prácticas contrarias a la Constitución Política de Honduras y, además, tenía pensado realizar un referéndum para generar enmiendas constitucionales y así poder mantenerse en el poder por, como mínimo, un período presidencial más.  También hay que decir que dicha consulta popular no tenía carácter vinculante, aunque existía el temor que en la práctica sí fuese así.

Todo esto, además de otros serios problemas internos, son una fiel demostración de un gobierno hondureño incapaz de gobernar con cierta moderación y criterio.  El hecho que el Partido Laboral (agrupación que apoyó a Zelaya en su llegada al poder) quitara su aval al mandatario de Honduras y que el Congreso calificara declarara el accionar de Manuel Zelaya como “una manifiesta conducta irregular”, son pruebas concretas de una gestión que generaba muchas dudas.

Sin embargo, eso no es justificación para que fuerzas militares saquen del poder al presidente de Honduras y lo manden fuera del país.  En pocas palabras, se trata de un golpe de estado.  Sin muertes, ok, pero igual es una clara violación a la institucionalidad democrática del pueblo hondureño.   Y eso es algo que no debiese permitirse, así como tampoco parece razonable que un líder político olvide el respeto a ciertos principios e intente gobernar a su antojo.

La pregunta, entonces, cae por su propio peso y tiene relación con la influencia que siguen teniendo los militares en Centroamérica y, específicamente, en Honduras, un país que ha debido vivir diversos golpes de estado en las últimas décadas.

¿Hasta cuándo se dará espacios a los golpistas?, ¿cuál será el día en el que Latinoamérica realmente luche contra este tipo de propuestas?, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos en estos lamentables sucesos?

Ciertamente, el asunto se explica por medio de diferentes variables, pero todas apuntan, finalmente, a tres grandes temas.  Primero, los equivocados caminos que muchas veces toman los gobernantes; segundo, la falta de un sistema nacional y continental que impida la llegada al poder de los militares; tercer y último, la estéril existencia de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), generalmente incapaces de enfrentar a las fuerzas armadas de los diversos países de la zona.  Estos tres puntos incitan a la breve reflexión.

Respecto a los gobiernos, da la impresión que ciertos mandatarios centroamericanos se entregan, fácilmente, a las propuestas realizadas por presidentes de otros países.  Honduras y Nicaragua se han alineado con la línea política de Hugo Chávez, mientras que Costa Rica lo ha hecho con Estados Unidos, Colombia y Brasil.  Panamá también se acerca más a los gobiernos brasileños y colombianos.  El Salvador trabaja en forma conjunta con Brasil, al igual que Guatemala.    Como se puede ver, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez son las principales influencias en la región mesoamericana y eso no es un mero accidente.  El problema es que mientras la “intromisión” brasileña tiene que ver con lazos económicos, la venezolana se relaciona con hechos políticos y que se relacionan directamente con el proyecto chavista, que incluye el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

Es así que Centroamérica se convierte en un tablero de ajedrez disputado por dos países sudamericanos que, bajo sus actuales mandatarios, buscan ejercer gran influencia en Latinoamérica.

En cuanto al grado de influencia que aún tienen las fuerzas militares en la realidad política centroamericana, aquello es algo en lo cual debiesen poner especial atención no sólo los gobiernos de los países del istmo, sino que también los organismos de integración involucrados en esta región.  Tienen que haber más garantías constitucionales que permitan la rebelión del pueblo, pero que pongan especial énfasis en que se trata de la gente y no de las fuerzas armadas.  Las personas tendrán derecho a reclamar en las calles, pero nunca con el aval de los militares.

Salvo situaciones extremas en la cuales el actuar de los soldados se hace inminente (Ejemplo.- invasión de un ejército extranjero, matanzas que realizara el gobierno a sus ciudadanos, etc.) lo esperable es que los soldados y sus generales estén en los cuarteles.  ¿Cómo hacer eso?  No es algo de fácil resolución, pero un comienzo sería atribuirle menos propiedades a las fuerzas militares y limitarlas a lo que realmente deben realizar, es decir, velar porque la población de un país esté bien y no constituirse como una amenaza para sus vidas.   No puede ser que cuando algo les parezca mal puedan tomarse el poder por la fuerza.  Aquello debería estar potentemente y claramente establecido en la Constitución Política de todo país y, además, debiese ser incluido dentro de los paradigmas de toda base institucional de los diversos bloques de integración de la región.

Este último punto lleva al tema de los organismos regionales como la OEA, la ALADI y el SICA.  Al respecto, cabe preguntarse hasta qué punto son útiles estas agrupaciones si en la práctica no tienen posibilidades reales de imponer sus términos por sobre dictadores, líderes golpistas o revolucionarios sin razón de ser.  En la medida que estos organismos no tengan las capacidades, ni las opciones de ponerle un freno a movimientos que sean una amenaza para el correcto andar democrático de la región, entonces parece lógico cuestionar su validez y la real importancia de su existencia.

Hay que buscar una vía alternativa.  ¿Un Ejército latinoamericano? No parece lo más lógico, pues la violencia no debería ser repelida con la misma metodología, pero hay que reconocer que la medida no es tan descabellada.  El problema es que este tipo de fuerzas multinacionales traerían consigo la posibilidad de más enfrentamientos, violencia e inestabilidad.  Todo parece indicar que la solución pasa por generar una serie de recursos legales que permitan dejar sin validez todo tipo de accionar militar o de fuerzas de otra índole cuyo fin sea violar los procesos democráticos de la región.

Pero más allá de esta realidad lo relevante, en este caso particular, es dejar en claro que lo ocurrido, entendido como un proceso que incluye a Manuel Zelaya y los golpistas, es un hecho que podría tener nefastas consecuencias en los procesos de integración en los cuales están inmerso Honduras.  Es por ello que dejando a un lado el tema de los responsables, de las víctimas o de las influencias externas, lo relevantes es dejar en claro que aparte de las grandes turbulencias que esta situación provoca en la sociedad y la política hondureña, este lamentable suceso generará, no cabe dudas, sendas dificultades en los procesos de integración del SICA, ya sea con la Unión Europea, Sudamérica, la Comunidad del Caribe (Caricom) y, por supuesto, entre los países centroamericanos.

A priori, y tomando en cuenta las reacciones de los diversos gobiernos latinoamericanos, se podría establecer que la mayoría de los países apoya una resolución pacífica del conflicto y, quizás lo más importante, con la vuelta de Manuel Zelaya al poder. Esto es algo muy importante, pues permite dar cuenta que la región quiere que se respeten los procesos democráticos. En este sentido, y más allá del tipo de gobierno y los paradigmas políticos del actual mandatario hondureño, no queda dudas que Latinoamérica apuesta por mantener las directrices de un continente tolerante y basado en el respeto a la institucionalidad democrática.

En este sentido, hay que decir que los posibles problemas que puedan tener los procesos de integración no tienen directa relación con Manuel Zelaya y su gobierno, sino que con la irrupción de fuerzas militares, que han roto la frágil estabilidad política y social de Honduras. Ahora, tampoco se puede olvidar que esto no es gratuito y ciertas medidas arbitrarias de Zelaya han propiciado esto. No se puede destituir a un alto mando del Ejército por un mero capricho, asi como tampoco parece muy democrático intentar cambiar las bases constitucionales para acceder a un segundo mandato. Que otros gobiernos latinoamericanos (Ejemplos.- Colombia, Ecuador, Peú y Venezuela) lo hayan hecho en el pasado no significa que ese sea el camino correcto. Perpetuarse en el poder nunca ha sido bueno, pues atenta contra la natural rotativa política y democrática.

A grandes rasgos, los procesos de integración que actualmente tiene Centroamérica (o el SICA) con la Unión Europea, Sudamérica y el Caricom van relativamente bien encaminados, aunque siempre con una base bastante feble y, peor aún, con ciertos hechos del último tiempo que han jugando en contra de una verdadera integración.

En abril pasado, la VII ronda de negociaciones entre Centroamérica y la Unión Europea se suspendió luego que Nicaragua reclamara por el trato recibido por parte de los gobiernos europeos, alegando que no se habían tomado las medidas necesarias para eliminar realmente las asimetrías existentes entre uno y otro bloque. Aquello no sólo supuso momento de quiebre entre la UE y Centroamérica, sino que también al interior de los estados centroamericanos.

Por ejemplo, Costa Rica no dudó en rechazar la postura nicaragüense, mientras que Honduras apoyó lo realizado por el gobierno hondureño. Para las próximas semanas está prevista una nueva ronda de negociaciones, pero quedan serias dudas respecto a qué hara la Unión Europea respecto a este proceso, que lleva buen tiempo y aún no se consolida. En caso que Manuel Zelaya no retorne al poder, las perspectivas serán negativas. Por eso, no sería de extrañar, bajo este contexto, que quizás la UE opte por seguir el mismo camino que tomó en Sudamérica, es decir, negociar directamente con los países.

Respecto a Sudamérica, los gobiernos mesoamericanos y sudamericanos han iniciado, desde hace unos años, evidentes intentos por mejorar los lazos y estrecharlos. Con una historia similar, en ciertos aspectos, ambas regiones tienen mucho por entregarse mutuamente. El SICA ha sido un gran ejemplo de funcionamiento y no quedan dudas que su puesta en marcha ha sido mucho mejor que la de los fallidos intentos del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina (CAN) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A la inversa, Sudamérica puede ofrecerle a Centroamérica mejores perspectivas para sus productos, que podrían ingresar a mercados más competitivos y donde destaca Brasil.

Justamente, este país ha sido una pieza clave en la integración entre las dos partes. El gobierno brasileño ha optado por una vía más «comercial» y no tan política, algo que le ha traído grandes beneficios, por ejemplo, con Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En paralelo, Venezuela escogió el camino ideológico y así ganó el apoyo de Honduras y Nicaragua. Lo concreto es que a pesar de estas diferencias, tanto Hugo Chávez como Luiz Inácio Lula da Silva están trabajando por una mayor integración y ambos gobiernos han condenado el golpe de estado militar. Es así que en la medida que no se restituya a Manuela Zelaya, difícilmente se pueda mantener en pie un proceso holístico de integración. Ciertamente, la iniciativa continuará, pero las relaciones con Honduras no serían las mismas y seguramente se le pondrían ciertas condiciones para seguir siendo incluida en este proceso.

Por último, quedan las relaciones con el Caricom y, también, al interior de Centroamérica. Los estados caribeños seguramente tomarán palco ante esta situación y no tomarán una iniciativa propia. Harán esto, para así ajustar su postura ante lo que realicen, específicamente, los miembros de la Unión Europea, con quienes están en permanentes negociaciones y cada vez más cerca de tener nexos realmente sólidos. El Caricom no tomará riesgos y, por lo mismo, hará lo que hagan sus posibles «socios» comerciales del Viejo Continente. Por eso, una molestia de los europeos podría traducirse en una igual respuesta por parte de la Comunidad del Caribe.

En cuanto a Centroamérica, las ideologías políticas ya han generado divisiones internas, pero éstas han sido limadas (¿o tapadas?) para obtener el bien común de la región, que tiene que ver con la firma de buenos acuerdos con la Unión Europea, Sudamérica y Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué ocurrirá en caso que Zelaya no vuelva a ejercer como presidente?, ¿Realmente todos los países centroamericanos reprobarán el accionar de las fuerzas militares y la oposición en Honduras?, ¿habrá un fuerte respaldo hacia Manuel Zelaya?, ¿regreso a la incipiente estabilidad?, ¿o inicio de una escalada de violencia? Son preguntas de gran relevancia y cuyas respuestas podrán establecer el devenir más próximo de Centroamérica.

Por eso, a recordar que la altura de mira y la sabiduría son esenciales para el correcto devenir de la historia.

Los procesos democráticos, también.

Raimundo Gregoire Delaunoy
raimundo.gregoire@periodismointernacional.cl
@Ratopado

Finalmente ocurrió lo que se veía venir. En Madagascar, militares contrarios al presidente Marc Ravalomanana y leales al líder opositor Andry Rajoelina tomaron el poder por la fuerza. Unos días antes, el presidente de Guinea-Bissau, José Bernardo Vieria, fue asesinado por tropas opositoras, en un hecho que tuvo ribetes de venganza. Antes, en diciembre, Guinea-Conakry presenciaba la muerte del dictador Lansana Conté, que sería reemplazado, sin mediación de por medio, por un capitán del Ejército. Por último, todavía está muy presente el golpe de estado militar en Mauritania, el cual está lejos de encontrar una solución. Así las cosas, desde fines de 2008 el fantasma de las dictaduras y las intervenciones de las fuerzas armadas nuevamente ronda a la frágil política africana. Lamentablemente, nada nuevo bajo el sol.

Raimundo Gregoire Delaunoy | 30 de marzo, 2009

Agencias

Estos hechos no sorprenden, ni tampoco generan mayores cambios en el devenir político histórico de África. Puede sonar descabellado e ilógico, pero ciertamente se trata de acontecimientos bastante frecuentes en la gobernabilidad africana. Claramente se producen importantes modificaciones en los gobiernos de hoy y, por lo tanto, en las relaciones entre los diversos estados africanos y, también, con otras regiones del mundo. Sin embargo, dejando a un lado lo particular y analizando el proceso global, lo que está produciéndose se acerca más a lo esperado que a lo inesperado.

Esa es, justamente, la gran pena y carga que tiene la realidad política africana. No llama la atención ver militares tomándose el poder por la fuerza, pero sí causa gran revuelo un gobierno democrático, transparente y que sea capaz de asumir con naturalidad y calma el voto del pueblo. Así ha sido, lamentablemente, desde que África lograse independizarse de sus antiguas colonias. La mayoría de los países magrebíes y subsaharianos han pasado, con algunas diferencias y excepciones, por procesos bastante similiares. De la independencia a los gobiernos unipartidistas. De dicha condición a los golpes militares. Y así, un grupo de las fuerzas armadas desplazaba a otro. Entremedio, algunos de los dictadores optaban por dar algunas mínimas libertades, otros por establecer sistemas muy represivos y otros que tras cumplir con su misión dejaban en manos del pueblo la elección del nuevo gobernante. Esto último, claro está, ha ocurrido en la menor cantidad de casos. Los estados africanos que han logrado avanzar y solidificar sus procesos políticos han dado el siguiente paso, que es pasar del unipartidismo al multipartidismo y, tras ello, a elecciones libres. Ejemplos hay, como el caso emblemático de Ghana y otros más recientes, donde destacan Benín, Cabo Verde, Etiopía y Burkina Faso.

Desafortunadamente, estos casos son la minoría y el trabajo de estabilización de la política africana tiene mucho camino por delante. En el Magreb y el norte del continente, existe mayor avance, pero todavía quedan muchas deudas pendientes. Egipto tiene un presidente que ha recurrido a herramientos antidemocráticas para así impedir la llegada de la Fraternidad Musulmana al poder; Túnez y Libia poseen gobiernos autoritarios. En poder tunecino se basa en las innumerables enmiendas a la Constitución de aquel país, mientras que la política libia no registrar elecciones democráticas desde que Muammar Al Gaddafi se tomara el control del país hace casi cuatro décadas. Argelia vive con la permanente amenaza del terrorismo y aún están muy frescos los recuerdos de la trágica guerra civil. En cuanto a Marruecos, quizás sea el estado norafricano de mayor estabilidad, pero su gobierno está lejos de ser una democracia ejemplar. Por último, está el caso de Mauritania, pero eso será examinado más adelante.

En el África subsahariana, los conflictos son eternos. La acefalía en Somalía, la crisis de Darfur en Sudán, las rencillas internas en Nigeria, la caótica zona de los lagos, en la cual la República Democrática del Congo aún no logra zafar de las disputas étnicas y económicas. Lo mismo se repite en algunos de sus vecinos. La frágil situación de la política en Chad, con una oposición que en cualquier minuto puede repetir ataques al gobierno. Lo acontecido en Kenya en 2008 y la terrible crisis política, social y económica de Zimbabwe. Estos son sólo algunos de los ejemplos más emblemáticos y que han sido noticia permanente. Sin embargo, no son los únicos y muchos otros aún están presentes.

Sin embargo, en esta oportunidad es importante detenerse en los hechos más actuales y que, por lo demás, no están en el plano de las especulaciones, sino que en el ámbito de lo real. Están oleadas y sacramentados, lastimosamente. Ahora, el motivo principal a la hora de examinar los golpes de estado ocurridos en Mauritania, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau y Madagascar es dar cuenta de una variable que ha pasado desapercibida para muchos, pero que es de gran relevancia. Como se mencionó antes, no es novedad que fuerzas militares se tomen el poder, pero lo acontecido en los cuatro países africanos permite ir más allá y establecer una nueva variante. A diferencia de lo que pasa en Somalía, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán o Kenya, la realidad política de Mauritania, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau y Magadascar permiten asegurar que estos conflictos internos tuvieron como matriz un elemento más político que religioso, étnico o tribal. Si bien es cierto que las tribus, etnias y religiones siempre tienen una influencia en los problemas africanos, en los casos particulares mencionados anteriormente el principal motor de inestabilidad fue, simplemente, político y militar.

En Mauritania existen, a grandes rasgos, dos zonas étnicas, que son la del norte árabe-bereber y la del sur negroide. Sin embargo, el golpe de estado militar no tuvo como raíz las diferencia étnicas, sino que se trató de intolerancia política. El entonces presidente Sidi Ouldh Cheikh Abdallahi -electo en forma democrática y transparente en 2007- fue derrocado por militares que habían sido removido del gobierno del presidente mauritano. Antes de eso, el gabinete de gobierno había tenido importantes modificaciones. La primera de ellas fue en mayo de 2008, momento en el cual Abdallahi destituyó a todo el gobierno por su supuesta inoperancia ante el tema del alza de precios en la alimentación. Apenas unos meses más tarde, en julio, dimitó el segundo gabinete -que no integraba al principal partido de oposición, ni tampoco a los islamistas de Tawassoul- ante la moción de censura que se había generado en su contra. Unas horas antes del golpe de estado, un grupo de parlamentarios pertencientes al partido del presidente mauritano habían decidido formar otra coalición. De esta forma, lo que gatilló esta crisis política fueron diferencias al interior del gobierno o con parte de la oposición. Más que tribus y clanes, lo que primó fue la crisis económica, la difícil situación agrícola o la caída del turismo.

La realidad de Guinea-Conakry también apunta hacia problemas estrictamente políticos. La muerte del dictador Lansana Conté -que llevaba 24 años en el poder- generó un vacío, pues su estilo autoritario de gobierno nunca permitió la formación de grupos opositores o de una sistema político de diversos partidos. Entonces, una vez que Conté falleció el país quedó a la deriva, absolutamente en tierra de nadie. Sin una institucionalización democrática (o al menos con algún esbozo de aquello) lo que pudiese acontecer tras la muerte del dictador guineano era previsible. Así fue que el capitán Moussa Dadis Camara, junto a sus tropas leales, se tomó el poder y el gobierno de Guinea-Conakry. Nuevamente, la variable étnico-tribal no estuvo presente. La religiosa, tampoco.

Lo acontecido en Guinea-Bissau también permita vislumbrar la variable política como el principal factor. El presidente Joao Bernardo Vieira fue asesinado por militares, quienes habrían realizada este crimen por venganza o, dicho de otra forma, como represalia. Claro, porque un día antes del fallecimiento de Vieira, un atentado explosivo había terminado con la muerte del máximo representante del Ejército, el general Batista Tagmé Na Wai. Sucede que este militar había sido un gran opositor y crítico del gobierno de Vieira y, según se especulaba, se culpaba al presidente de Guinea-Bissau de haber estado detrás del ataque que acabó con la vida de Na Wai. Tras largos años como presidente, aunque primero como dictador, Joao Bernardo Vieira sucumbió en la misma ley que aplicó con dureza durante su mandato, es decir, la eliminación de sus rivales.

Por último, la crisis de Madagascar ha sido otro de los referentes obligados al momento de llevar a cabo un análisis de la política africana actual. Las eternas disputas entre el presidente malgache, Marc Ravalomanana, y el destituido alcalde de Antananarivo, Andy Rajoelina, culminaron de la forma más lógica si se toma en cuenta la cadena de enfrentamientos públicos entre ambos políticos. Rajoelina se había convertido en un ferviente crítico de Ravolomanana, a quien acusaba de ser, en la práctica, un dictador. Su postura era defendida por una parte importante de la sociedad malgache, pero otro sector seguía declarándose fiel al presidente. Sin embargo, las fuerzas militares terminaron dividiénose y los sectores simpatizantes del ex-alcalde de la capital de Madagascar no dudaron a la hora de realizar un golpe de estado. Así, la lucha política llegaba a su fin, aunque de manera transitoria.

De esta forma, aunque ciertamente de un modo bastante somero, se puede concluir que la variable política fue la principal, por sobre temas étnicos, tribales o religiosos. Ni Mauritania, ni Guinea-Conaky, ni Guinea-Bissau y ni Madagascar fueron testigos de grandes enfrentamientos entre tribus. Tampoco debieron soportar luchas religiosas o conflictos étnicos. Se trata, básicamente, de una lucha de poder entre políticos y militares. Fue, en cierta medida, revivir la historia del pasado, aquella en la cual quien llega por la fuerza se va por aquella vía. Lamentablemente, no todos tuvieron aquel camino. Sidi Ould Cheikh Abdallahi fue un presidente democrático y que estaba realizando una interesante labor como mandatario de Mauritania. Marc Ravalomanana también llegó al poder a través de la vía del voto popular. Distinto fue el caso de Lansana Conté y Joao Bernardo Vieria, fieles representantes de la clásica camada de militares golpistas.

En fin, lo importante es darse cuenta que la tradición golpista africana sigue en pie. La inestabilidad política sigue siendo la fuente principal de estos movimientos militares aunque también se podría decir que lo falta de estabilidad en los gobiernos obedece a la presencia de estos sectores de las fuerzas armadas. ¿El huevo o la gallina?

Ya se verá.

Raimundo Gregoire Delaunoy
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